La ONU, Libia y la responsabilidad de proteger

Emilio Menéndez del Valle

En virtud del derecho internacional todo dirigente político que ordene o lleve a cabo atrocidades debe ser juzgado por sus actos. Asimismo, los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil pueden ser considerados crímenes contra la humanidad. Esto debe ser inmediatamente aplicado a Gadafi y sus secuaces, que han sido muchos, dentro y fuera de Libia. A pesar de la trascendencia de las Naciones Unidas, resueltas a "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles", como reza su carta fundacional, pocos conocen los esfuerzos de sus más preclaros secretarios generales para prevenir situaciones como la que actualmente está teniendo lugar en Libia. En las últimas décadas, las guerras entre Estados han dado paso a conflictos internos en los que la población civil constituye la víctima principal. Ello exigía la creación de un marco jurídico internacional que previera los deberes de los Estados para proteger a sus respectivas poblaciones civiles y -lo que es más importante- creara los medios para que tales obligaciones se cumplieran en caso de que los Estados transgresores agredieran a su población civil. Y, sin embargo, el principal obstáculo se encontraba en la propia Carta onusiana, cuyo artículo 2.7 establece que sus miembros no podrán "intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados". De ahí que dos secretarios generales de la ONU, el peruano Pérez de Cuéllar y el egipcio Butros Gali, toparan con ese artículo al afrontar casos de agresión a la Humanidad. Así, en 1991 y a punto de abandonar su puesto, el primero, contundentemente, declaró: "En contraposición a la interpretación rígida del principio de no intervención, el derecho de injerencia humanitaria se está abriendo camino". Por su parte, Butros Gali, sucesor del peruano y recién iniciado su mandato, fue preguntado sobre si la ONU debe favorecer la expansión de las democracias y el respeto a los derechos humanos. A ello replicó: "De igual modo que se ofrece asistencia técnica para construir hospitales, debe existir una a favor de la democracia. No obstante, esta ayuda ha de evitar toda injerencia en los asuntos internos". De cualquier manera, el artículo 2.7 dispone también que "este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII", cuyo título es Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Y en esa línea han ido avanzando en los últimos años la Asamblea General y el propio Consejo de Seguridad y muy especialmente los últimos secretarios generales, Kofi Annan y Ban Ki-moon. Ya en sus discursos de 1999 y 2000 ante la Asamblea, Annan desafió a sus miembros para que resolvieran la contradicción que vengo resaltando, esto es, la contraposición entre el principio de no intervención en la soberanía estatal y la responsabilidad de la comunidad internacional para hacer frente a la masiva violación de los derechos humanos y la limpieza étnica. Fue Kofi Annan, el decidido y coherente secretario general, quien -enfrentándose a veces a significados miembros permanentes del Consejo de Seguridad- impulsó lo que hoy conocemos como "responsabilidad de proteger" y que -para desgracia de sátrapas diversos, no solo del mundo islámico- se consolida progresivamente en las relaciones internacionales. ¿En qué consiste la responsabilidad de proteger? Se trata de una doctrina sobre seguridad internacional (paz justa incluida) y derechos humanos que incorpora principios fundamentales. Ante todo, establece que el Estado es el primer responsable de la protección de su población, a la que no puede agredir. La soberanía de los Estados incluye derechos, pero también deberes y responsabilidades. Si se da el caso (como ha ocurrido en Libia, Egipto, Túnez y otros) de que los Gobiernos son incapaces de proteger a sus poblaciones (o son cómplices o actores directos) del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional (vía Naciones Unidas) tiene la responsabilidad de entrar en acción. El objetivo principal es librar a la población civil de un Gobierno manifiestamente injusto, tiránico y usualmente corrupto. La responsabilidad de proteger debe ser inicialmente promovida mediante medios pacíficos. Habitualmente, especímenes tipo Gadafi, Mugabe, militares birmanos u otros de semejante ralea, no suelen ser sensibles a tales enfoques. De ahí que a la postre, para proteger a los inocentes, se deba recurrir a medidas coercitivas, incluida la fuerza militar. La arriesgada iniciativa de Kofi Annan ha sido continuada, incluso con más ímpetu por su sucesor, Ban Ki-moon. De forma que gracias a él y a Annan no solo la Asamblea ha incorporado la responsabilidad de proteger al corpus jurídico onusiano, sino que -lo más importante- han logrado que el verdadero poder ejecutivo de la Organización, el Consejo de Seguridad, ratifique unánimemente (a pesar de iniciales dudas de Rusia y China) la "responsabilidad para proteger a las poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad". Coda acuciante: la opinión pública agradecería que se impidiera que déspotas de la estirpe de los Gadafi, Mubarak o Ben Ali acabaran sus días en un exilio dorado, confortados por los millones robados durante décadas. El Tribunal Penal Internacional debería tener la última palabra. Emilio Menéndez del Valle es embajador y eurodiputado socialista.

Ni Facebook, ni Twitter: son los fusiles

el pais

MOISÉS NAÍM

La de Túnez fue la Revolución de Wikileaks y la de Egipto fue la Revolución Facebook. Gracias a Wikileaks, los tunecinos conocieron el cable donde el embajador estadounidense revelaba la extraordinaria corrupción del dictador y su familia. En Egipto, fueron los jóvenes hartos de Hosni Mubarak y su régimen quienes se encontraron y organizaron a través de Internet. Facebook y Twitter hicieron posible que, por fin, el pueblo se lanzara a las calles. El resto es historia.
Pues no. Esta no fue ni es la historia. Esta incompleta visión de lo que allí sucedió no ayuda a entender la marea árabe y su posible evolución de aquí en adelante.

No hay duda de que las redes sociales, en especial Facebook y los mensajes a través de Twitter, o las filtraciones de Wikileaks, tienen algo que ver con los alzamientos populares en el mundo árabe. Algo. Pero explicar lo que sucedió en Túnez, Egipto o Libia primordialmente en términos del impacto que allí han tenido las nuevas tecnologías de información es una exageración.
Esta perspectiva no nos explica, por ejemplo, por qué Libia, un país con una bajísima penetración de Internet (cerca de 350.000 usuarios en una población de más de seis millones) o en Yemen, con índices aún más bajos, han sido de los países más sacudidos por las revueltas populares. Una de las sorpresas de las protestas callejeras en Egipto ha sido su diversidad social, religiosa, generacional y regional. Y aunque en Egipto hay proporcionalmente más usuarios de Internet que en el resto de la región, cabe suponer que un porcentaje importante de quienes participaron en las revueltas no tiene una cuenta en Facebook ni tuitea; muy probablemente ni siquiera usa regularmente Internet.

Claro que, una vez que surge un grupo de líderes coordinados por Internet y que logra movilizar a un número mayor de seguidores, muchos otros que comparten sus exigencias y deseos de cambio se les unen, habiéndose enterado a través de canales distintos a Internet. Aquí, la frase más importante es "que comparten sus exigencias y deseos de cambio". Es esta frustración generalizada, producto de décadas de malas políticas económicas, combinadas con vasta corrupción, creciente desigualdad y una amplia desesperanza, lo que crea la motivación para tomar las plazas. Y ver por televisión que en otros países esto da resultados y que el pueblo en la calle logra derrocar a un dictador que hasta hace poco era intocable también es una potente fuerza movilizadora. Y en esto los canales de noticias en árabe que llegan vía satélite han sido una fuerza mucho más poderosa que Internet.

Pero, quizás, lo más relevante es que la fascinación con el papel de las nuevas tecnologías en los cambios políticos en el mundo árabe ha opacado la importancia que en todo esto ha tenido una vieja tecnología: los fusiles. El papel de las Fuerzas Armadas en lo que sucedió en Túnez o Egipto ha sido tanto o más determinante que Facebook. En estos países, los militares les quitaron el apoyo a los dictadores, y a estos no les quedo más opción que irse. Si bien inicialmente fueron los grupos en Facebook quienes convocaron a los egipcios a la plaza de Tahrir, fue el Ejército el que hizo posible que la plaza se transformara en el lugar donde las familias podían ir sin miedo a manifestar su repudio al régimen. Afortunadamente, los militares egipcios no tuvieron la propensión genocida de algunos de sus colegas libios. En Libia, las Fuerzas Armadas se han fragmentado y algunas unidades y los mercenarios de Gadafi han estado dispuestos a liquidar a sus opositores. Otros uniformados están luchando al lado del pueblo. Si los militares no se hubiesen dividido y todos hubiesen acatado las órdenes de Gadafi de "matar como ratas" a quienes protestan en las calles, el futuro del régimen libio no estaría en duda.

Como ya he escrito en otras columnas, al final los que definen cuándo y cómo muere una dictadura son los militares. ¿Y qué tiene que ver Internet con todo esto? Mucho menos de lo que estamos leyendo y oyendo en las noticias de estos días.

Reconocer esta realidad ayuda a vislumbrar mejor el futuro político de los países sacudidos por estas revueltas populares. En Egipto, por ejemplo, a menos que la presión popular continúe, obligando a las Fuerzas Armadas a aceptar reformas más profundas, la revolución solo habrá servido para reemplazar una pequeña élite corrupta por otra. Los militares egipcios son un importante factor económico y obtienen enormes beneficios de las malas políticas que tienen a miles de jóvenes egipcios sin empleo y sin futuro. Y quitar los privilegios al estamento castrense seguramente exigirá mucho más que montar una página en Facebook o denunciarlos en Twitter. mnaim@elpais.es